En
el marco del Día Internacional de las Personas Migrantes, organizaciones y personas defensoras de los derechos
humanos, personalidades aliadas y familiares exigen al gobierno mexicano
construya condiciones para que dicho sector tenga acceso a una vida digna.
El
Estado mexicano debe garantizar y construir políticas públicas para las
comunidades expulsoras de población. Las organizaciones que apoyamos este llamado,
consideramos urgente la inclusión en la agenda política nacional de la
migración como un fenómeno sociocultural y económico, no solamente de
seguridad. También exigimos que el
gobierno federal cese de inmediato las políticas de criminalización y detención
hacia los migrantes, sus familias y sus comunidades.
Cada
año cerca de un millón de personas migrantes con origen, tránsito o destino en
México atraviesan el país en busca de una vida digna. Lo hacen sin derechos,
protección o reconocimiento legal. En su camino encuentran tierras asediadas y
manifestaciones de violencia sin precedentes: criminales que les utilizan como
fuente de lucro y mano de obra forzada; autoridades estatales policiacas y
migratorias incapaces de protegerles y propensas a criminalizarles.
Mientras,
en sus comunidades, las mujeres se quedan a cargo de los niños, jóvenes y
adultos mayores, que no cuentan con ninguna atención para sobrellevar la
separación, aumentando su grado de vulnerabilidad y marginación.
Luego
de sortear estos riesgos y dificultades, una parte de los migrantes llegan a
Estados Unidos, donde su estatus migratorio irregular bloquea sus condiciones
laborales y acceso a derechos. En los EU, la situación se agrava con la
indiferencia gubernamental y la xenofobia social cotidiana, plasmada incluso en
marcos legales y políticas públicas de corte racista, como la SB 1070 de Arizona, la 69 de Carolina del
Sur o la HB 56 de Alabama.
En
Estados Unidos, más de 50 millones de personas, el 16 por ciento de la
población tiene origen latinoamericano, de ese porcentaje un segmento
importante vive una situación migratoria irregular y trabajan como mano de obra
en condiciones laborales precarias.
En los
últimos cinco años, 1,5 millones de personas han sido deportadas desde EU y
regresan a un México que no les ofrece oportunidades de reinserción laboral,
educativa o social, pese a haber aportado a la economía nacional por la entrada de
remesas. Por si fuera poco, 29 millones
de niños de padres indocumentados nacidos en Estados Unidos viven en la
marginación y el rechazo binacional. A la par, la delincuencia organizada ha constituido un pilar de su economía
utilizando la particular vulnerabilidad de los migrantes y sus familiares,
situándolos en mercados del riesgo, trabajos forzados, redes de la delincuencia
organizada y trata de personas.
Nos preocupa
además, que mientras el gobierno de Felipe Calderón dejó un saldo de decenas de
miles de muertos, desaparecidos y desplazados forzados -entre ellos miles de
migrantes- voces de la actual administración federal insistan en medidas
persecutorias como la creación de una Policía Fronteriza y el despliegue
militar como propuestas para procurar “justicia” en la frontera.
Hoy más
nunca, en el Día Internacional del Migrante, es necesario reivindicar las
aportaciones económicas, culturales y políticas de los migrantes en todo el
orbe y especialmente en México como en Estados Unidos. Asimismo, es deber de
todos frenar la tragedia humanitaria que se deriva de la falta de atención de
las causas y consecuencias del complejo fenómeno migratorio.
Por todo lo
anterior, quienes firmamos esta declaración con motivo del Día Internacional
del Migrante, convocamos a la movilización y la solidaridad de parte de los más
amplios y diversos sectores de la sociedad para exigir al gobierno mexicano el
cumplimiento de las siguientes demandas:
·
Alto inmediato a las políticas de criminalización y detención hacia
las personas migrantes, sus familias y sus comunidades.
·
Desvincular el fenómeno migratorio de la Estrategia de Seguridad
Nacional y establecer un enfoque de Seguridad Humana que ponga en el centro de
las políticas públicas a las personas migrantes, sus comunidades y sus
familias.
·
No a la criminalización de la asistencia humanitaria y solidaria que
se ofrece en los albergues y casas del migrante del país.
·
Libre tránsito a personas migrantes, sus familias y comunidades, a
través de la eliminación de visas o la implementación de una visa transmigrante
latinoamericana.
·
Que el gobierno mexicano exija una reforma migratoria inmediata para
que garantice la libertad de trabajo, de residencia y de acceso a los derechos
sociales básicos de los mexicanos y centroamericanos viviendo en los Estados
Unidos.
·
Respeto y garantías a la labor
de las personas defensoras derechos humanos de los migrantes y a periodistas
que documentan la grave situación de estos.
·
Políticas públicas participativas, transversales y con presupuesto con
enfoque en comunidades de origen en México y Centroamérica, con un espíritu de
solidaridad internacional, que ataquen las causas de migración para hacer de
ésta una opción y no una necesidad y donde aquellos que se quedan gocen de
oportunidades y derechos que aseguren su pleno desarrollo.
Asamblea
Popular de Familias Migrantes
(faltan
las firmas de las organizaciones afines y personalidades)
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